"DECLARATORIA DE EMERGENCIA SOCIAL"

Según el gobierno se espera asegurar que los recursos destinados a la salud estén dirigidos efectivamente a atender las prioridades definidas en el Plan de Beneficios, por la corrupción al interior del sistema de salud para lo cual lanza la declaratoria de emergencia social; pero, quiere lucir como el salvador de esta situación tan grave y jamás vista en el sector de la salud, que amenaza con la paralización total del Sistema, y la responsabilidad o culpabilidad es directa al propio gobierno.
El presidente Uribe justificó la declaratoria de emergencia para conseguir el dinero que necesitan los entes territoriales para los pagos que hacen al sistema de salud. Lo sorprendente es que el Gobierno les había cargado meses antes esa obligación. El dinero que se les debe a las EPS corresponde a recobros. La situación está en que la crisis de salud se podría convertir en un problema que heredará el próximo Gobierno.
Con el propósito de obtener recursos adicionales para que los entes departamentales cubran los servicios no POS a los usuarios favorecidos con las sentencias judiciales, sino también para cubrir los compromisos que se desprenden de la Sentencia concernientes al proceso de unificación de los planes de salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado. Para estos efectos, el Señor Presidente anunció la conformación de una comisión integrada por los ministros de Hacienda y de Protección Social, el Director de Planeación Nacional y delegados de los entes territoriales.
En Colombia, el Estado de Emergencia es uno de los tres tipos de Estados de Excepción que constitucionalmente son susceptibles de ser declarados por el ejecutivo; hechos que constituyan grave calamidad pública o que perturben en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, constituye un riesgo para la democracia en la medida en que las normas producidas a su amparo no se someten al trámite regular del poder legislativo. Sin embargo, en diversas ocasiones el Ministro de la Protección Social ha afirmado en diversas ocasiones que la unificación de los planes de salud de los dos regímenes le costaría al país cerca de seis billones de pesos, sin que se haya hecho llegar a la opinión pública el estudio en que fundamenta tal argumento.
Las motivaciones formuladas por el Presidente respecto a la declaratoria de la Emergencia Social en Salud, por lo menos en los términos en que hasta ahora ha sido presentada, genera grandes interrogantes sobre la comprensión de los verdaderos problemas que aquejan al sistema de salud del país, particularmente en lo que tiene que ver con su modelo de financiamiento. En principio este planteamiento involucra dos asuntos: Por un lado está el problema de los recursos necesarios para la unificación de los planes de salud y por el otro las obligaciones financieras que los entes territoriales y el Gobierno Nacional tienen con las instituciones prestadoras de servicios de salud en razón de servicios y medicamentos no incluidos en dichos planes.
Las interpretaciones del problema difieren mucho de un agente a otro y tienen que ver con sus intereses. En lugar de considerar las tutelas como un indicador de demandas sociales legítimas y de infracciones a la Constitución, el Gobierno ha insistido en que la ampliación de estos servicios por la vía de las tutelas, constituye un elemento importante del problema financiero, se aplaza la unificación de los planes de salud y que se debe especificar bien quienes en el régimen subsidiado tienen capacidad para hacer copagos por los servicios que reciban; en otras palabras, propone financiar el sistema con los copagos de los más pobres.
El equilibrio financiero del régimen contributivo, que se manifiesta en el comportamiento de la cuenta de compensación del FOSYGA, depende estructuralmente del comportamiento del valor de la Unidad de Pago por Capitación, el rango salarial de los cotizantes y la densidad familiar; sin embargo, el camino adoptado por el Gobierno cuando entregó los recursos de la salud a los operadores del sector privado ha resultado costoso para el país, pues la presumible competencia entre los agentes no ha operado y en consecuencia no solamente no se ha mejorado la eficiencia sino que se han disparado los costos en salud, resultados que contradicen dos de los argumentos que en su momento se usaron para defender la aprobación de la Ley 100.
A tener en cuenta las EPS en nuestro país se han vuelto políticamente muy poderosas y han logrado frenar los esfuerzos regulatorios por parte de las autoridades del sector. Estas afirmaciones, expresadas desde sectores que impulsaron la reforma, revisten especial gravedad y debieran ser tenidas en cuenta al momento de analizar y enfrentar la emergencia sanitaria.
El verdadero problema radica en la insuficiencia de recursos y que la crisis se resolverá mediante la declaratoria de una emergencia social, los analistas del sector han venido mostrando sistemáticamente que los problemas no son coyunturales sino fundamentalmente de carácter estructural, motivados por el diseño de un sistema cuya racionalidad induce una concentración de los recursos en manos de instituciones particulares con un gran poder político y económico, las cuales impiden que dichos recursos lleguen a la población más necesitada.